viernes, 23 de noviembre de 2012

El PP financia un "ladrillazo" en Soria mientras ahoga las partidas sociales



La Junta invertirá 11 millones en la Ciudad del Medio Ambiente cuando hospitales o escuelas de idiomas se quedan sin presupuesto. El proyecto, que se vende como "sostenible", albergará 800 viviendas y un balneario, entre otros. La instalación está pendiente de una sentencia del Constitucional por una ley que permitió levantarlo en suelo protegido. 

La crisis hizo saltar por los aires la burbuja inmobiliaria, pero hay nostalgias que se resisten a marcharse. La Junta de Castilla y León invertirá 11,3 millones de euros en 2013 en la Ciudad del Medio Ambiente, un macroproyecto inmobiliario semiparalizado, ubicado en un desierto poblacional y pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional que podría echarlo abajo. Buena parte del total (4 millones), además, irán a parar a dos edificios institucionales que el Gobierno autonómico construye, pese a no haber especificado para qué. 

La cantidad, fijada en el anteproyecto de Presupuestos regionales presentado el pasado octubre, supone prácticamente un tercio del total de las inversiones previstas por la Junta para Soria (31,4 millones), donde se levanta la instalación. La provincia castellano leonesa cuenta con uno de los presupuestos más ajustados de la comunidad: apenas recibirá el 7% del gasto total y la inversión se ha reducido un 5,6% con respecto al año anterior. Mientras, otros proyectos públicos de carácter social, como la renovación de un hospital, la construcción de varios centros sanitarios, una Escuela Oficial de Idiomas y una autovía regional, no recibirán ni un euro de financiación. 

El presupuesto para la CMA supone un tercio de todo lo que invertirá la Junta en Soria
El proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) fue aprobado por la Junta en 2007, en pleno boom inmobiliario, y comenzó a construirse en 2009 en 500 hectáreas del municipio soriano de Garray, a unos 10 kilómetros de la ciudad. Asentada sobre unos terrenos que estaban clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico, en ella se planea levantar ahora un enorme parque empresarial, un campus industrial para la investigación, más de 780 viviendas (33% de VPO y el resto libres, la mayoría unifamiliares), un centro de hípica, balneario, pistas de paddle y tenis y hoteles, entre otras cosas.

Este periódico se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con la Consejería de Medio Ambiente para conocer las razones por las que el Gobierno autonómico prioriza esta construcción en detrimento de otras partidas, pero, pese a que en un principio se mostraron dispuestos a colaborar, no se obtuvo respuesta.
Según se desprende de la página web del proyecto, la Ciudad del Medio Ambiente fue concebida como "un motor de desarrollo socioeconómico" que contará con una inversión total (pública y privada) de "500 millones de euros" y que "atraerá actividades empresariales que serán todo un estímulo social, cultural y económico para la provincia de Soria".  La Junta asegura, además, que a través de las empresas que formarán parte de la CMA (Iberdrola, Telefónica, ACS y el Banco Santander, entre otras) se crearán 1.000 empleos cualificados, pero la oposición denuncia que no se ha conseguido arrancar un compromiso sólido a las entidades en este sentido.

"Esa es la pregunta del millón. Llevamos mucho tiempo solicitando información a la Junta para que nos diga qué compromiso tienen las empresas con la creación de empleo, pero no responden", señala Carlos Martínez, secretario provincial del PSOE en Soria. Su grupo, según explica, no se opone al proyecto en sí, pero propone que se desarrolle en la ciudad de Soria, donde "sí hay necesidad de instalaciones y de tejido industrial", afirma. 

Pendiente de sentencia ante el TC

Poco después de aprobarse el proyecto en 2007, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Castilla y León 6/2007 del 28 de marzo de aprobación del Proyecto Regional "Ciudad del Medio Ambiente", una normativa creada ‘ad hoc' por el Gobierno de la Junta para poder construir en los terrenos donde se levanta la CMA, calificados como zona rústica especialmente protegida. La Junta creó una ley para la CMA que permitió construir en terrenos protegido.

En 2006, la Junta cambió la Ley de Ordenación del Territorio para que se pudieran tramitar como ley los proyectos "de excepcional relevancia para el desarrollo social y económico", como fue declarado posteriormente la Ciudad del Medio Ambiente. Así, la Ley de aprobación de la CMA permite urbanizar en terrenos donde anteriormente estaba prohibido y además, se hace imposible un recurso judicial que no sea ante el Tribunal Constitucional, un proceso largo y que puede tardar en resolverse. En una notificación de 2009 a la que ha tenido acceso Público, el alto tribunal afirma que el recurso se encuentra "concluso y pendiente de resolución definitiva", aunque tres años después no hay una sentencia al respecto.

Según Carlos González, miembro de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), la Junta tramó esta argucia legal para evitar que ocurriera lo mismo que en la Ciudad del Golf proyectada para la localidad de Navas del Marqués (Ávila), donde las denuncias de grupos ecologistas lograron parar judicialmente su instalación.

Los socialistas se postulan en la misma línea: "Se pretende construir un pueblo de la nada bajo la justificación de que no altera el medio ambiente, pero este es un proyecto especulativo. Aquí hay otros intereses", denuncia Martínez.

Desde ASDEN atribuyen la ubicación de la CMA a un acuerdo entre el Gobierno regional (que poseía 200 hectáreas)  y Caja Duero (a quien pertenecían las otras 300) para recalificar unos terrenos que de otro modo no tenían ningún valor de mercado. "¿Por qué en Soto de Garray, que ambientalmente es una de las zonas más importantes de Soria? El objetivo no está en crear una ciudad modélica, sino en generar un espacio en medio del campo, aislado, y traer empresas, lo que va en contra de la arquitectura moderna, que ordena construir en los núcleos urbanos para aprovechar los recursos", lamenta González.

Cuatro millones sin uso concreto

Pese a las jugosas partidas que ha recibido la Ciudad del Medio Ambiente desde que se ideó el proyecto (más de 130 millones en 9 años), tanto la agrupación ecologista como la oposición afirman que apenas se ha avanzado en la construcción salvo algunos caminos y zonas de acceso. Lo único que marcha a buen ritmo por el momento es la construcción de dos edificios institucionales de  la Junta, la llamada ‘Cúpula de la Energía', que el Gobierno regional no ha especificado para qué serán utilizadas.

Según la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Garray a la Junta, a la que ha tenido acceso este diario, la alcaldesa María José Jiménez de las Heras (PP) dio permiso para la construcción de ambas torres pese a que la ‘Cúpula de la Energía' "se plantea como un espacio multiusos", con actividades "que están sin definir".

La oposición y grupos ecologistas han propuesto ubicarlo en la ciudad de Soria. El uso que se le vaya a dar  a las instalaciones define el tipo de licencia ambiental necesaria para el permiso de obra. Sin embargo, la corporación aprobó su construcción pese a reconocer que no se estaba cumpliendo con ese precepto y que carecía de licencia.

"Hay ejemplos que corroboran el que es posible desvincular la concesión de una licencia ambiental de la concesión de una licencia urbanística", justifica el Ayuntamiento en el documento.

jueves, 22 de noviembre de 2012

Tres millones de personas viven en la calle o en situaciones indignas en España



Cáritas recuerda que el acceso a la vivienda es "un derecho, no un regalo" en su nueva campaña de Personas Sin Hogar

Casi 3 millones de familias y personas en España viven en alguna de las situaciones sin hogar que supone estar "puramente en la calle o tener una vivienda indigna", según ha alertado la responsable de Personas sin Hogar de Cáritas Española y coordinadora de la campaña de Personas Sin Hogar 2012, Sonia Olea.

Durante la presentación de este plan, cuyo lema este año reza "Son derechos, no son regalos. Nadie sin hogar", Olea ha indicado además que mediante el cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2004 y con cifras internas "se puede hablar de entre 30.000 y 35.000 personas que viven puramente en la calle" a nivel estatal. 

Sólo en Madrid, 3.000 personas viven puramente en la calle o en albergues En cuanto al número de personas que viven en la calle en Madrid, ha apuntado que sumando los datos del último recuento, realizado hace dos años, "son más de 600 las personas que no tienen hogar a lo que hay que sumar aquellas que viven en albergues, pisos de acogida o pensiones y tendríamos cerca de 3.000 personas en esta situación".
Respecto al número de niños que viven en la calle, tanto Sonia Olea como la presidenta de la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar (Faciam), Rosalía Portela, han destacado que hasta el momento y según sus conocimientos no han llegado menores a los dispositivos de los centros de baja exigencia ni tampoco se han encontrado con menores en la calle. Ante esto, Portela asegura que "si llegasen se actuaría a través de los servicios sociales". 

Por su parte, Olea ha señalado que "se han producido recuentos que muestran datos de los asentamientos y de lugares de vivienda indigna e inadecuada donde cada vez hay un mayor número de niños y de familias". "En situaciones de vivienda indigna, inadecuada e insegura sí se ha producido un aumento del número de menores puesto que son muy vulnerables", ha añadido.

La presidenta de FACIAM ha destacado además que se está produciendo un incremento de la presencia femenina en las calles "frente al rostro masculino". "son mujeres de edades avanzadas y situaciones muy rotas y quizá estemos hablando de una feminización del sinhogarismo --ha precisado--. En Madrid la presencia de mujeres en centros de emergencia que pueden dormir entre seis o siete días ha pasado de un 15% en 2011 a un 22% en lo que va de año".

En cuanto al conjunto de personas sin hogar, la responsable de Cáritas ha recordado que "las personas sin hogar, que no tienen acceso a sus derechos, son personas sin derecho a la dignidad y sin dignidad no pueden encontrarse con ellos mismos e iniciar un camino que quedado totalmente destrozado y parado".
Para el secretario general de Cáritas España, Sebastián Mora, "se están borrando las fronteras de la dignidad humana para los colectivos más excluidos, no como un hecho coyuntural o como un hecho de políticas de ajuste en un momento determinado, sino como un hecho estructural". Por ello, considera que esta campaña es "un imperativo ético, político y social y se debe tener claro que la dignidad humana no tiene precio, ni se vende, ni se compra, ni admite recorte".

Cáritas: "La dignidad humana ni se vende, ni se compra, ni admite recorte"
Además, señala que "las personas siempre están por encima de cualquier política de ajuste o desajuste". "Estamos construyendo una sociedad desde el ámbito de personas sin hogar que está vislumbrando un modelo de personas sin casas y casas sin personas", ha agregado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar (fePsh), Jesús Sandín, ha indicado que ante esta situación se ha de tener en cuenta que "las personas que hacen uso de la red es porque no les queda más remedio". Así, ha señalado que "es importante no hacer un discurso perverso que haga distinción entre los tipos de pobreza, entre los que son de España y los extranjeros o los que acaban de llegar a la calle y los que llevaban mucho tiempo". 

El portavoz de Xarxa d' Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), Guillém Fernández, ha expuesto que "es necesario que sean los derechos humanos el objetivo último de las políticas públicas". "La existencia de personas sin hogar en situación de calle nos recuerda que algo no funciona en la sociedad y en el modelo económico y social que estamos viviendo y hay que poner en evidencia el escaso compromiso del Estado en relación al cumplimiento de los derechos humanos de las personas sin hogar y de los derechos sociales", ha apostillado.

Tras estas intervenciones, varias personas sin hogar han realizado un flashmob en Ópera (Madrid) y han leído también un manifiesto en el que han destacado la necesidad de garantizar la dignidad humana, y han reivindicado el derecho a la vida, a un hogar, a la seguridad social y que no se endurezcan las condiciones de renta mínimas. Asimismo, han recordado que son "personas sin hogar y necesitan que se les devuelva lo que es suyo, la dignidad, los derechos y las responsabilidades como ciudadanos". "Porque no son regalos sino derechos que nos pertenecen", han concluido.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Fernandez Díaz, a contracorriente, avisa que la Policía "hará cumplir" la ley en los deshaucios



El ministro contesta así al portavoz del SUP, que respaldó a los agentes que se nieguen a participar en desalojos de viviendas

El ministro del Interior se apartó este lunes de la nueva línea 'blanda' en relación a los desahucios marcada por el Gobierno y el PSOE , al destacar públicamemte que no tenía "ninguna duda" de que la Policía "cumplirá" y "hará cumplir" la ley "a las órdenes de la autoridad judicial" en lo relativo a los desahucios.
Así lo ha señalado el ministro en declaraciones a los periodistas en la Facultad de Derecho de Granada después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya anunciado que respaldará a los agentes que se nieguen a participar en los casos de desahucio.

Fernández Díaz ha incidido en que la Policía, tanto Nacional, como Autonómica y Local, así como la Guardia Civil, tienen por misión en el ámbito de sus competencias "cumplir y hacer cumplir la ley" y ha dicho no tener "ninguna duda" de que lo harán.

 "Otra cosa --ha matizado-- es que como se está haciendo entre el Gobierno y el PSOE se intente cambiar las circunstancias que en estos momentos están llevando a situaciones dramáticas en relación con desahucios".

Seis reformas clave para que China pueda cambiar de modelo económico



A partir de ahora, el reto de los mandatarios del país asiático será mantener el crecimiento o, al menos, hacer aceptable una desaceleración controlada. Los futuros dirigentes chinos tendrán que responder a un desafío formidable: ¿cómo mantener el ritmo de crecimiento del que ha gozado el país a lo largo de los últimos diez años?

Esta y otras preguntas crean debate. Así lo atestiguan los fragmentos de artículos que publicamos a continuación en colaboración con China Analysis. Única publicación en Europa que se apoya en fuentes en lengua china, esta revista bimestral, editada por la asociación de investigación Asia Centre, expone los puntos de vista de personalidades de la República Popular China, de Hong Kong y de Taiwan sobre la política interior y la economía chinas.

1. Reducir el peso de las empresas públicas

"En 2011, la renta bruta agregada de las empresas públicas chinas alcanzaba los 30.300.000 millones de yuanes, el 64% del PIB chino. Estas empresas representaban una parte considerable de la economía nacional. Según el Instituto de Investigación Económica Tianze, durante el período 2001-2009 habían registrado una tasa de rendimiento anual media del 8,16 por ciento.
Sin embargo, cuando a estos cálculos se les restaban las subvenciones estatales recibidas, su rendimiento caía espectacularmente a -6,29 por ciento. Por tanto, hay que reorganizarlas."

2. Replantear la política energética

"Según Yang Fuqiang (un investigador, NDLR), en 2009 China se había convertido en el primer país consumidor de energía en el mundo y, en 2011, representaba ya más del 20 por ciento del consumo de energía primaria mundial. Además, el país también trata de ralentizar el crecimiento de su demanda doméstica.

Según el investigador Yang-Mingzhou, el estallido de los monopolios de las grandes empresas del Estado debería permitir la instalación de mecanismos transparentes de formación de los precios."

3. Modernizar con urgencia el sistema financiero 

La crisis ha engendrado grandes oportunidades para China, pero ha revelado, asimismo, las debilidades estructurales de su sistema económico. El acceso a la financiación de actores económicos privados capaces de desarrollar el mercado interior es difícil, la oferta de servicios financieros es limitada y, por tanto, la oferta de crédito no puede ser satisfecha a través de las vías habituales.

El gobierno debe mejorar la oferta de servicios financieros y romper el monopolio de la industria financiera para permitir una variedad de establecimientos financieros.

4. Poner estricto freno a la corrupción

Entre los 183 empleados superiores de 19 ministerios y comisiones, 56 ya han tenido una experiencia de management en alguna empresa del Estado. Esta situación crea conflictos de intereses. Numerosos políticos son nombrados por turnos a la cabeza de empresas públicas y pueden por tanto utilizar sus relaciones para hacer que su empresa, en base a cuyos resultados son juzgados, disfrute de un trato de favor. Esta politización también crea oportunidades de búsqueda de ganancias que el gobierno debe imperativamente esforzarse en juzgar estrictamente.

5. Conciliar la expansión y el medio ambiente

"Los objetivos del XII Plan en materia de protección del medio ambiente serán difíciles de alcanzar: el año 2011 ha visto los ahorros de energía progresar en sólo un 2,01 por ciento. Además, el investigador Yang Fuqiang subraya que el consumo energético y las emisiones de CO2 aumentarían respectivamente en un 26,2% y un 17,7 por ciento en relación a 2010.

Para alcanzar estos objetivos de ahorro de energía y de protección del medio ambiente, China necesita dotarse de una nueva estructura de recursos energéticos "limpia y baja en carbono".

6. Construir una verdadera política social

Desde la reforma fiscal de 1995, que limita fuertemente los ingresos de los gobiernos locales, éstos se encuentran en una situación de tensión creciente entre la sociedad y las administraciones, evaluadas éstas en gran parte en base a su capacidad para mantener la estabilidad social.

Así pues, esta postura incita a los gobiernos locales a adoptar una lógica de "cero incidentes" que los lleva más a tratar de impedir que los niveles superiores estén al corriente de los problemas, que a tratar de solucionar estos mismos problemas.