Baleares y la Comunidad Valenciana
están la cabeza, seguidas de cerca por otras regiones como Catalunya o Galicia
Más de 300 políticos españoles están imputados en
presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que
afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la
Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como
Catalunya o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión
de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos
políticos.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de
la Administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han
sido miembros del Gobierno -como el exministro José Blanco, relacionado con la operación
Campeón, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables
municipales.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción
descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares
y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos
públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del
expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos
relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante
su mandato.
Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares
destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares
cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso
Over Marketing, en el que está implicado el conservador Pere Rotger, que
recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico
aunque mantiene el escaño.
También en el ámbito autonómico son numerosos los
casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas
hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con
delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el
pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente
del ayuntamiento de Torrevieja.
Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad
Valenciana José Manuel Vela como conseller de Hacienda por la presunta
filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos
cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los
numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan
investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.
Otro de los procesos con más repercusión pública
durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en
el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo
de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los
exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario
socialista o el exdelegado provincial de Empleo.
Red de corrupción municipal
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción
abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que
hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder
que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios
envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia,
Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de
concejales también implicados en estos escándalos locales.
La mayoría de los regidores están imputados por
prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de
influencias
La mayoría de los regidores municipales están
imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos,
fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el
urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos
Pretoria o Mercurio, abiertos en Catalunya, que investigan presuntas tramas
de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y
Sabadell.
También en Galicia son numerosos los casos judiciales
que afectan a diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor
de una docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros alcaldes
como el de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no
haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas
de su promotora.
También concentran varios casos de corrupción los
municipios de Canarias, donde hasta una decena de regidores están imputados en
diferentes casos judiciales, además de varios que ya han dejado el bastón de
mando.
Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de
mayor corrupción abierto es Gürtel, que ha salpicado a cuatro alcaldes de
la comunidad y tres exdiputados autonómicos. También está imputado el exalcalde
de Getafe y expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), Pedro Castro.
Los escándalos de corrupción afectan además a
numerosas localidades como Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales
han sido condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia
(Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas (Murcia).
Prostíbulos, canales porno...
La mayoría de estas operaciones están relacionadas con
delitos urbanísticos, aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego
de Melón, con sólo 1.400 habitantes y en el que la alcaldesa -que relevó en el
cargo a su marido inhabilitado- ha sido imputada por supuestamente participar
en la manipulación de una hoja de control de trabajos comunitarios a un
vecino que no los cumplía.
El exalcalde de Santa Comba fue inhabilitado por
dar 43 licencias de 'tablaos' flamencos para prolongar la hora de cierre
de los locales.
También en Galicia, el exalcalde de la localidad
coruñesa de Santa Comba fue inhabilitado para cargo público por conceder hasta
43 licencias de 'tablaos' flamencos en el municipio para prolongar la hora de
cierre de los locales de hostelería.
También está el caso del municipio cántabro de Las
Rozas de Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura
actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado
en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una multa tras
declararse culpable de un delito de incendio forestal.
También hay casos más llamativos, como el del concejal
de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses con el teléfono
móvil del Ayuntamiento, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos
ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a prostitutas o
suscribirse a un canal porno.
Partidos y entidades financieras
En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los
partidos políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió
Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria Antonia
Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de corrupción.
En Catalunya está abierto el caso Millet, que estudia
la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento
de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del
expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi
Montull, están imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario
de Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona,
Mar Puig.
Dentro de los casos que están siendo investigados en
España hay que destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados
exmiembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos,
entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de
Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en manos de la Audiencia
Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja
Castilla-La Mancha.
